Archiletras

Cuando la Administración te Envía Voces Oscuras…

Expertos en lenguaje claro hablan del ‘muro del lenguaje administrativo’, lleno de tecnicismos y de comunicaciones opacas. Un muro que separa a los ciudadanos de sus administraciones y que provoca disfunciones. Vamos a intentar clarificar por qué ocurre esto

1.a. El ciudadano García

Pongamos que se llama ciudadano/a García y que está confuso. Sufre una anticresis de narices (la anticresis es un tipo de contrato jurídico), una enfiteusis que le hace llorar. Se siente incoado por la espalda, tramitado en la piel, anulado de oficio, en claro concurso con su confusión y desasosiego, y sin subsanación aparente.

Ruega, exhorta y hasta respetuosamente suplica claridad comunicativa a su Administración. Pero, tras tanta instancia elevada en un apremio afecto a no sabe qué… García se ve a sí mismo muy afectado, como si fuera un egiptólogo en el buzón de su casa, un Indiana Jones en sede electrónica, un domador de latinajos…

La comunicación es un portal que lo aventura por los oscuros pasadizos del lenguaje jurídico-administrativo, que suele ser en exceso técnico, abundantemente normativo, críptico, salvajemente subordinado, difícil y, a veces, hasta paradójico. Un aviso, sanción, o el pago de un tributo —que ellos, los otros, llamarán la diligencia o la incoación—, o el trámite para reclamar una beca o un subsidio… le puede parecer un asunto de física cuántica. Acomplejado, buscará soluciones en un guión de los Hermanos Marx, tramitado por la parte contratante de la primera parte (no es una hipérbole, lean el BOE). Absorbido por frases de más de ciento cuarenta palabras sin coma (es decir, respiración) a la vista, saltará por esos viboreznos tipográficos que son los artículos de las leyes, con sus números, cuáteres, bis, excepciones y exenciones…

García, más que desconcertado, en el fondo está asustado. Solo ha comprendido el emisor de esa carta (que lleva un desasosegante rectángulo negro en la solapa): Agencia Tributaria. Nervioso, buscará un traductor, un cuñado experto, un gestor, se gastará el dinero o recorrerá en su horario laboral el camino hacia el punto de emisión, o lo hará por su anciana madre (cuya vista no llega a leer el mínimo cuerpo de esas letras, ¡como para entenderlas!), o lo hará por un vecino vulnerable que nunca leyó a Góngora y que no tiene recurso alguno para pagarse un profesor…

Él, que es definido en el ordenamiento jurídico como el «buen padre de familia» o el «empresario ordenado», solo desea recibir una comunicación a la altura de esa definición: mensajes familiares, sensatos, corrientes, bien jerarquizados, sencillos, concretos, precisos y comprensibles. Frases cortas, directas, pero no amenazantes. Una comunicación clara, bien estructurada, que le ponga de nuevo los pies en la letra.

García cree en la empatía. Espera que quien le acaba de enviar ese mensaje meteorito haya pensado en él, aún manteniendo el rigor y la precisión técnica necesaria en asuntos tan importantes. Como ciudadano tiene además un sueño, una utopía tal vez, y es que ese alguien un día le envíe el documento perfecto.

1.b. Un problema global

El español medio (y no tan medio, pues incluso ministros y empleados públicos reconocen que a veces no entienden lo que su Administración les reclama), y también el francés, monsieur Bernard, o el chileno González…, chocan a diario con eso que los lingüistas llaman «el muro del lenguaje» administrativo. Y es un problema global, una comunicación opaca, redactada o diseñada en la antítesis de lo sencillo, que afecta nada menos que a los cimientos de la democracia, según muchos de los expertos consultados en este reportaje. Son grietas, fisuras, derramas cognitivas, por las que se va escapando el más valioso de los recursos públicos: la confianza. «Para que nuestra organización social funcione, es muy importante que entendamos las instrucciones que nos da la Administración, porque no entenderlo provoca muchas disfunciones, y la primera es que nos enfadamos con ella», asegura Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona y experta en comunicación clara.

Ciudadano García es ahora Ciudadano Enfadado. Un mamífero sensible que se siente impotente frente a ese sudoku de voces pasivas, frases sobrecargadas, gerundios obsesivos y palabras nada comunes. Se sabe sujeto de derechos y obligaciones, paga los tributos y responde en plazo, pero piensa que su valedora también debería sentirse obligada a explicarse bien y a hacerle la vida más sencilla (en la Constitución lee que la Administración debe «remover» cualquier obstáculo).

Sin embargo, ad pedem litterae (al pie de la letra), o alieni iuris (sometido al poder de otro), esta le envía una jerga técnica, un discurso de profesionales, especializado (se llama «jurídico-administrativo» pues Administración y Justicia cohabitan en la misma cama que el legislador), propio de una comunidad de práctica a la que él (curiosamente el receptor) no pertenece. Y siente ansiedad. La Administración nunca escribe para felicitarle. Ya nadie le envía cartas de amor a su buzón…

Vamos a intentar clarificar por qué le ocurre esto a García. No será fácil. Viene de lejos, de periodos predemocráticos. «Al menos desde el Siglo de Oro se viene comentando. La oscuridad de la burocracia, de los abogados, de los juristas, jueces y tribunales es una constante», explica Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y director de la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

La institución que dirige considera hoy el lenguaje claro como «una prioridad». Asegura que se ha convertido en «uno de los proyectos académicos más relevantes», con la publicación del Diccionario panhispánico del español jurídico, el Libro de estilo de la Justicia o firmas de acuerdos con el Ministerio de Justicia o la ONCE (para crear obras de lectura fácil o adaptada para personas con dificultad de comprensión).

Esta sensibilidad se une a la de otras instituciones. Y aunque se van dando avances —sumemos la reciente firma del Protocolo general de colaboración para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible para la ciudadanía, ratificado por altas instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y la misma RAE—, García sigue atrapado en un eterno retorno, tiene las mismas quejas que en el siglo dorado…

2.c. ¿Derecho a entender?

Y eso que tiene un superpoder. Goza, en principio, del derecho a entender que nace, en última instancia, de su soberanía («La soberanía nacional reside en el pueblo español», lee de nuevo en la Constitución). García es el teórico mandante, el abajo firmante (es decir, quien otorga el poder «del que emanan los poderes del Estado»). El derecho a entender no existe, sin embargo, como un derecho directo (vamos a llamarlo así) y claramente vinculante (o formulado de forma expresa) para el poder público. «Es un derecho indeterminado», explica la profesora de derecho procesal Cristina Carretero. De algún modo hay que inferirlo, destilarlo, desearlo, aunque en principio los ciudadanos deberían tener acciones legales para activarlo. «Solo compromete hasta la buena voluntad de quien quiera utilizarlo», asegura.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el Tribunal de Justicia de la UE o el Constitucional español defienden, no obstante, «que una ley que no es clara no es una ley», según Muñoz Machado. Este derecho sí que ha emergido, por ejemplo, en otro tipo de regulaciones, como en la normativa europea que obligó a los bancos, en el sector privado, a ser más claros en sus contratos de crédito tras los desmanes de la crisis de 2008.

En las leyes más modernas, como las de transparencia, ya comienza a aparecer esta necesidad. Conceptos como transparencia, justicia abierta o buen gobierno, están cada día más en boga, pero dependen de esta claridad comunicativa. «No se puede ser transparente si no se expresa claramente el contenido de las políticas y de las sentencias, y esto tiene que ver con la seguridad jurídica, pero también con la igualdad, la integración social y la accesibilidad universal. Por tanto tiene muchas proyecciones, es una operación política y social de primer nivel», concluye Muñoz Machado.

3.d. Un movimiento internacional

Desde hace años, y en múltiples países, hay una corriente, un movimiento internacional que busca alcanzar esta meta. Tenemos en el tablero naciones con ventaja, como Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, que empezaron antes (en los años sesenta y setenta) que los países del entorno hispánico.

Los ciudadanos Smith o Johansson hartos de este problema azuzaron a sus poderes con movimientos de consumidores y sociales. Fue la ciudadana británica Chrissie Maher quien inició uno de estos símbolos, en una crisis económica (tiempos de Thatcher), al no poder acceder a las ayudas de su ayuntamiento: un día, en 1979, delante del Parlamento británico, empezó a triturar documentos administrativos en protesta. Quizás esta sea la razón de que las asociaciones de lenguaje claro más potentes del mundo sean anglosajonas, como Plain Language Association International o Clarity (centrada principalmente en lo jurídico).

El movimiento ha ido creciendo desde entonces de forma intermitente. En el entorno hispano se están generando redes de lenguaje claro profesionales y ciudadanas (especialmente en Latinoamérica). Se publican guías, libros blancos, recomendaciones, y se dan, a veces, acciones concretas de clarificación de las notificaciones más comunes, como ocurrió con el Ayuntamiento de Madrid en el caso de las multas.

En España hay expertos que consideran que no hay una verdadera eclosión hasta el año 2017, momento en que el Defensor del Pueblo envió a 72 administraciones locales una recomendación para clarificar sus comunicaciones y cuando tuvo lugar el seminario «Lenguaje claro, reto de la sociedad del siglo XXI». Otro paso destacable fue la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de 2009. En este sentido, fuentes del Ministerio de Justicia confirman a Archiletras que están impulsando un grupo de trabajo ministerial «orientado a conseguir la claridad en el lenguaje jurídico en aquellos aspectos que incidan directamente en el ciudadano y su participación en la Administración de Justicia». Antes de esto se habían dado otras iniciativas, como la publicación del Manual de estilo del lenguaje administrativo en los años noventa.

García mira a casa y al mundo. Pero aún intuye esto que dice Claudia Poblete, lingüista, profesora de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, y una de las principales expertas sobre lenguaje claro en Latinoamérica: «Tenemos unas administraciones que más que comunicar entregan información, sin preocuparse de lo que pasa en el otro lado». Y aunque el lenguaje opaco tiene sus reflejos en el ámbito empresarial, la diferencia es que en el administrativo el ciudadano está cautivo: no puede ignorar o cambiarse a otra administración porque no la entiende.

Está atrapado en este dato: el 72% de las comunicaciones administrativas que reciben (para más inri) colectivos vulnerables en España son oscuras, poco usables (48%), no accesibles (20%) y con un diseño poco legible (28%), según el reciente informe «¿Habla claro la Administración a los públicos vulnerables?», de la consultora Prodigioso Volcán. En él han utilizado una inteligencia artificial que han desarrollado. Se llama Clara, está disponible online, y sirve para identificar la opacidad de los textos administrativos.

4.e. Qué es el lenguaje claro

García puede llamar a esta tendencia lenguaje claro. El ciudadano Smith dirá plain language. Pero, a juicio de expertos como Mario Tascón, director de Prodigioso Volcán, sería mejor, si queremos superar conceptos obsoletos y tal vez errados, llamarlo comunicación clara. «Puedes tener un documento que esté escrito por García Márquez y que no sea accesible», nos recuerda.

No debería ser una cuestión que diriman solo lingüistas y juristas. Hay múltiples actores implicados: profesionales, educadores, expertos en comunicación, diseñadores, informáticos y el —muchas veces olvidado en este proceso— ciudadano.

Tascón y Montolío, autores del libro El derecho a entender: La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía, crearon un esquema visual que circula hoy libre por internet, una especie de ikigai donde el corazón de esta comunicación está en la intersección del lenguaje claro, el lenguaje visual, los lenguajes de especialidad o técnicos, junto al neurolenguaje o ciencias de comportamiento.

Un concepto más amplio y realista, y adaptado a las nuevas interacciones digitales, ya que implica el texto y su claridad, pero también el diseño, la estructura, la accesibilidad, la usabilidad, la percepción del receptor… No se trata entonces solo de aplicar el decálogo de redacción clara que impulsó en su día la Unión Europea: frases cortas, voz directa, conectores, etc. Ciudadano García necesita volver a estar en el centro de la comunicación en el sentido más visceral. Necesita todos los recursos de una nueva cultura comunicativa. Un giro hacia lo que denominan «la empatía administrativa». «Una revolución cognitiva, en realidad», dice Montolío. Y todo para lograr esto, ya sea en papel o pantalla: «Una comunicación administrativa clara sería aquella a través de la cual el destinatario, el ciudadano, encuentra la información que le interesa, la entiende, y sabe que es lo que tiene que hacer a continuación… y ya sería la bomba si, además, se sintiera tratado con amabilidad», concluye.

5.f. El muro de Berlín administrativo

Pero ¿por qué bien entrado el siglo XXI seguimos teniendo una comunicación burocrática y no ciudadana? En la ventanilla de quejas, nadie le ofrece a García una sola explicación. Le dicen que es una bola de nieve de comunicación poco efectiva. La inercia del lenguaje jurídico-administrativo, del discurso solemne, formal, barroco y continental de nuestros padres fundadores. Lenguajes poco modernizados, como el jurídico, afianzados en español ladino desde las Cartas de Alfonso X. La copia de modelos asentados, no testados y repetidos. Rutinas, prestigio, y hasta confort administrativo. La cultura hispánica de que la culpa recae en el ciudadano. Incluso sesgos psicológicos como que a veces valoramos más lo que suena complejo. Hasta el presidente de una escalera se pone el gorrete del lenguaje administrativo cuando quiere explicar a sus vecinos las medidas que deben tomarse.

Los poderes públicos deben ser además garantes de la seguridad jurídica. «En la Administración siempre nos hemos parapetado mucho en el lenguaje jurídico-administrativo para protegernos de posibles recursos, requerimientos, etc., y eso hace que a veces llenemos las notificaciones de marco legal, de manera que para el ciudadano le resulta incomprensible», explica Blanca López, técnico en gestión de la información del Ayuntamiento de Madrid. La Administración necesita aplicar la máxima precisión. «Porque en el momento en que abandonas un tecnicismo abandonas la precisión y eso es peligrosísimo», alega Carretero. «Hay un punto en que es irremediable que eso ocurra, porque es un lenguaje técnico», dice Muñoz. Pero, aceptando este punto, queda mucho margen para clarificar sus comunicaciones…

Sabemos por estudios realizados en Suecia que «la relación entre el lenguaje y la confianza es directa, si la persona no entiende la institución, desconfía», añade Poblete. Una comunicación clara haría también más eficiente la Administración: menos llamadas, correos electrónicos, visitas, trámites, cuellos de botella innecesarios… Hay igualmente beneficios en el sector privado y de la salud («las personas enferman menos cuando entienden lo que les está pasando, y esto está documentado», según Poblete). Tanto en el ámbito público como privado (piensen en el etiquetado de las empresas o en las lumínicas facturas) «quien emite un mensaje debería asumir que tiene la obligación no solo de transmitirlo, sino de garantizar o hacer todo lo posible para que ese mensaje sea entendido por la persona que lo va a recibir, porque estamos hablando de cosas con un alcance muy importante», asegura Yolanda Quintana, periodista y coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

6.g. Soluciones empáticas

Las soluciones pasan, según los expertos, por una profunda revisión de cuanto se ha hecho hasta ahora. Las comunicaciones y leyes deberían nacer con un principio de claridad. Los especialistas de cada campo tendrían que trabajar al alimón. La formación de los profesionales debería tenerlo presente. No es imposible. Hay sectores que «van avanzando a toda máquina», según Tascón, como el de la «experiencia de usuario» o UX, en los diseños de servicios de empresas privadas y tecnológicas.

«Tenemos todavía mucho camino por recorrer, pero se trata de una nueva sensibilidad», asegura López. El Ayuntamiento de Madrid, en 2018, fue pionero en España por su acción en la clarificación de las multas y por sus guías internas de comunicación clara. Arrancaron con un proyecto que requirió de la ayuda de expertos, como los de Prodigioso Volcán y lingüistas de la Universidad de Barcelona. «Hicimos un gran esfuerzo porque se trataba de una notificación que estábamos enviando a un millón y pico de ciudadanos y que tenían dificultades de comprensión», explica López.

Entre otras cosas, ordenaron la información. Separaron la parte de los hechos (el por qué había sucedido, lugar, etc.) de las leyes que deben citarse en el documento. Reformularon tecnicismos y lo testaron con ciudadanos de carne y hueso. «Nos costó que apareciera el concepto de multa, porque tú y yo, lo consideramos una multa, pero técnicamente es una incoación de expediente sancionador», dice Tascón.

La solución fue salomónica: pusieron el concepto de multa en grande (para el ciudadano) y abajo el nombre técnico y más preciso (para juristas y órganos técnicos). «No podemos perder el rigor del lenguaje jurídico, pero a la vez los documentos tienen que ser comprensibles para la ciudadanía, porque si no tampoco logramos el objetivo», concluye López.

7.h. El documento perfecto

Mientras otras administraciones están siguiendo pasos parecidos, García sigue soñando con su documento perfecto. Sabe que ya no es el súbdito o vasallo medieval, que el ikigai (‘la razón de ser’, en japonés) de la Administración es servirle. Por eso le entristece ver en la ventanilla a esa abuelita confundida y nerviosa por un asunto que tendría que haber entendido en casa. Le sonroja que un vecino no reciba la ayuda de la que depende su subsistencia porque no entiende el procedimiento.

Según el argentino Jorge Frascara, experto en diseño de la información, «el documento perfecto» tiene que ser accesible, apropiado para el contenido y público, debe invitar a ser leído, completo, conciso, claro y sin adornos, confiable, oportuno, comprensible y apreciado por su utilidad.

Una comunicación así implica un cambio cultural. Una receta clara: menos impotencia y más confianza. ¿Podemos clarificar el futuro? García levanta la ceja. Hoy ha recibido otra carta en el buzón, pero baja el látigo, esta vez le parece de amor. Es precisa, natural, sencilla, cercana, ordenada, y hasta amable…, una carta de amor a lo público.

¿Pero cómo clarificamos?

Clarificar es un asunto más complejo de lo que parece. A veces no funciona y a veces hasta se «clarifica» con mala intención, según la periodista Yolanda Quintana, citando el caso de los bancos con el fraude de las preferentes, cuando le restaron aparente complejidad a algo complejísimo para así atraer al consumidor. «El lenguaje era llano y coloquial, pero era engañoso», asegura. El lingüista Marc Bayés ha realizado una tesis doctoral cuya finalidad era estimar cómo el ciudadano recibía un mensaje en principio clarificado en los textos administrativos. Ha dado resultados sorprendentes. «Vimos que muchas de estas instrucciones de clarificación no se habían testado, como el hecho de no abusar de las subordinadas», explica. ¿Su conclusión? Puede que hayamos repetido como loros unas instrucciones que no funcionan del todo. Aplicar estas máximas de forma aislada no parece ayudar. Incluso, paradójicamente, se percibe como más opaco, ‘un discurso impropio’. Según este experto, es necesario trabajar con grupos interdisciplinares, con especialistas de cada campo. La solución pasa por un proceso de cocreación y no un sistema de parches. No se pueden hacer ‘textos Frankenstein’, opacos y solo clarificados en algunas partes. «Porque es posible que se produzca como un efecto de halo de luz, lo hemos llamado así. Sería como una linterna, cuando estás en una zona de penumbra e iluminas algo lo demás se queda en una zona de incluso mayor oscuridad», cuenta Bayés. Debería combatirse además lo que llaman ‘presunción de complejidad’ (un término del neurolenguaje). Si un ciudadano ve un texto demasiado largo, con normas incrustadas, léxico complejo, mal diseñado… su cerebro, en segundos, se echa para atrás. La comunicación, como diálogo, necesita también de cierta indulgencia. «Tengo que tener previsto unos márgenes de error y confusión», explica Mario Tascón, especialmente en un mundo que avanza hacia un escenario digital no presencial. Hay que entender el contexto, a quién se dirige. Atender a las complejidades cada vez más crecientes, como la intervención de multidocumentos. Solicitar una beca, por ejemplo, es un proceso.

Juan Carlos Campo

«Sin un lenguaje claro somos más súbditos, que ciudadanos»

Juan Carlos Campo: Exministro de Justicia, magistrado y doctor en Derecho

Juan Carlos Campo es magistrado y doctor en Derecho, y una de las personas que más ha impulsado la clarificación del lenguaje jurídico en España. Exministro de Justicia y exsecretario de Estado, lleva años trabajando por lo que él considera una necesidad y obligación: que la ciudadanía llegue a entender a sus poderes públicos. Presidió la Comisión para la modernización del lenguaje jurídico de 2009, y ha impulsado el reciente Protocolo para el fomento de un lenguaje jurídico moderno y accesible.

¿Alguna vez ha recibido una notificación administrativa en la que no haya entendido lo que le estaban pidiendo?
Sí, en no pocas ocasiones. Ese lenguaje de las comunicaciones técnicas, o administrativas y judiciales, generalmente provoca una cierta perplejidad en la primera lectura; en la segunda, es ver a quién llamo para que me lo explique. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos la necesidad de entender. Se trata de que la Administración nos haga la vida más fácil.

Si eso le ocurre a usted, que tiene un amplísimo conocimiento jurídico, ¿qué está fallando?
Quizás las inercias, las mecánicas de no preocuparnos de algo tan simple como es la comunicación. Y por eso llevo empecinado doce o catorce años en lo que hemos llamado la modernización del lenguaje jurídico. Se trata de llenar de contenido el derecho a comprender. Si quiero integrarme en una sociedad y poder cumplir con ella, en suma, necesito saber lo que se está pidiendo de mí.

¿Pero existe ese derecho a comprender? Creo que hay debate…
A mí los debates, en general, me encantan, y los jurídicos me apasionan. Pero poner en duda la existencia de un derecho a comprender es absurdo. El derecho se manifiesta a través del lenguaje y, por tanto, si alguien quiere que yo cumpla las normas tendré que entenderlas. Solo si las entiendo las puedo racionalizar, interiorizar, motivarme por ellas, y mostrar mi deseo de cumplirlas. Claro que sí existe un derecho a comprender, y está tomando mucho cuerpo en el ámbito de la Unión Europea. No tengo ningún problema en decir que es un derecho que se encuentra además en el núcleo duro de nuestro texto constitucional.

¿Pero cree que debería haber una norma concreta que obligue expresamente al poder público?
Es una tendencia fácil, a la positividad, a la construcción de la norma. Creo que es más simple hacer esas recomendaciones, que se hicieron ya, recomendaciones a los profesionales, a las instituciones y a los medios de comunicación. Y cuidado, no estoy diciendo que se haya de eliminar la precisión en el lenguaje, que es necesaria. Es un problema de una concienciación transversal.

¿Somos más súbditos que ciudadanos sin un lenguaje claro?
Sin duda. El ciudadano, para llamarse como tal, es el que entiende. Si no, se produce un divorcio. Creo que esto es fácil de entender, lo que es más difícil de realizar. Pero no hay otro camino. Y la Comisión de modernización del lenguaje jurídico es clara y tajante en esto: tenemos que hablar con los profesionales y las instituciones, que son los que tienen la posibilidad de articular esto de una manera evolutiva. Es una evolución diaria. Busquemos un lenguaje claro para el ciudadano, porque lo que está leyendo le afecta a su familia, a su patrimonio y a su libertad.

¿Considera que las normas están mal redactadas?
En el proceso legislativo muchas veces hay que invocar a Bismarck, cuando decía que de ese proceso y de las salchichas lo mejor es no saber cómo se hacen. Pero esto no puede traducirse en una norma que yo no entienda. Tienen que ser lo más claras posible porque van dirigidas a la ciudadanía. A toda la ciudadanía.

Los lingüistas hablan de la necesidad de una revolución cognitiva…
Estoy en esa línea, es un tema abierto, pero no de revoluciones, porque en la Justicia todo tiene que ser bastante más lento y evolutivo, son cosas muy serias, tiene que ser algo sopesado que permita ir paso a paso construyendo claridad.

¿Hay consenso en el arco parlamentario y entre los altos funcionarios?
Creo sí, hace pocos meses firmamos un protocolo donde estaba la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, universidades, abogacía, procuradores, graduados sociales… por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía… Yo creo que sí, hay una necesidad, distinto es que, a lo mejor, no sabemos cómo hacerlo y qué puedo aportar yo para que esto sea una realidad.

¿Quien redacta es consciente de la ansiedad que genera en el ciudadano?
Muchas veces quiero pensar que son las dinámicas, y el que redacta… es que la mayoría no se redacta, se tira de lo que ya está escrito. Eso es lo que hay que repasar, es un esfuerzo, pero insisto, sin la pérdida del rigor técnico.

Tanto el funcionario como el juez deben sentir satisfacción cuando se les entiende…
Por supuesto, yo tengo un amigo que habla de la desesperanza pasiva, a veces tenemos la sensación de que hablamos, escribimos, y nadie nos oye. A lo mejor es que no nos entienden.

¿Por qué España va retrasada si se compara con Suecia?
Bueno, Suecia quizás sea el referente, pero en términos generales no estamos peor que muchos países de nuestro entorno. Siguen utilizando un lenguaje críptico, demasiado técnico, un lenguaje para profesionales. Así que no creo que estemos peor, lo cual no sirve de excusa, hay que trabajar y hacer esfuerzos.

¿Cuáles creeque son los beneficios para la Administración y el ciudadano?
Convergen en todo. Pero me preocupa relativamente poco en este caso la Administración. El ciudadano es el centro. Es la única manera de poder tener ciudadanos críticos. Si queremos una democracia fuerte, con musculatura, necesitamos a esa ciudadanía crítica.

¿Qué es para usted el lenguaje claro?
Un lenguaje claro es un lenguaje que entiendo. Ese es el baremo. Y para mí es la clave.

La opinión de Mar Forment: Cuatro escenarios posibles… Si los entiendes, claro

Este reportaje es uno de los contenidos del número 14 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras.
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