Basta ya de banalizar la profesión del intérprete y del traductor
El mundo de la traducción y la interpretación ha estado agitado últimamente.
No sé si habrás oído que TV3 ha pedido voluntarios para realizar la traducción de subtítulos de distintos programas. Así, como lo oyes. Si tienes un ordenador y sabes idiomas, ¡pues ya está! ¡Felicidades, ya puedes ser traductor de subtítulos! ¿Para qué ibas a necesitar estudios especializados? Obviamente, la respuesta de asociaciones como la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña (APTIC), la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) o la Unión de Correctores (UniCo) ha sido rápida y contundente. Han mostrado su total desacuerdo con este tipo de iniciativas, han defendido la contratación de profesionales y han señalado la necesidad de dignificar estas profesiones. Y esta vez voy a ponerme seria, porque este tema es importante.
En los Países Bajos (país al que, por cierto, desde el 1 de enero ya no vale llamar Holanda) esta semana unos 1.500 intérpretes judiciales están de huelga. Protestan contra la propuesta del ministro de Justicia de permitir que el servicio de interpretación en contextos judiciales se subcontrate a empresas privadas mediante procesos de selección dudosos. Si sale adelante, esta medida podría tener consecuencias muy graves para los implicados en procesos judiciales, ya que se podrían vulnerar sus derechos si la calidad de las interpretaciones disminuye. Cualquier persona tiene derecho a expresarse en su lengua y a entender todo lo que sucede en un proceso judicial que le afecte para poderse defender y explicar de la mejor manera posible. No responder de forma satisfactoria o no entender bien cuestiones como «¿de qué se me acusa?», «¿qué me va a pasar?» o «¿qué tienen en mi contra?» puede tener consecuencias gravísimas.
La falta de rigor en los procesos de selección puede llevar a contratar a profesionales de la interpretación y la traducción sin la cualificación necesaria para trabajar en sedes judiciales. Ese riesgo contra el que se protesta en los Países Bajos, tristemente, es la realidad en España. Y ¿qué sucede cuándo la calidad de la interpretación produce un error grave en la resolución de un caso? Los lingüistas forenses especializados en interpretación cotejamos la grabación de la declaración de un testigo con la interpretación que se hizo en Sala y determinamos si, efectivamente, se ha producido un error, qué alcance tiene y cuál habría sido la interpretación correcta en ese contexto. ¿Los errores en la interpretación han afectado a la comprensión de las preguntas por parte del testigo? ¿Son equivalentes las respuestas que ha recibido el agente judicial y las que ha dado el acusado? ¿Puede haber hecho la baja calidad de la interpretación que la justicia impartida en el caso haya sido menos justa?
Ya basta. Traducir no es simplemente cambiar una palabra por otra y no, no todo vale con tal de abaratar costes.