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03 Ene 2022
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Lenguaje claro

Por el derecho a entender y contra el Monstruo Galimatías

Arsenio Escolar

Un nuevo derecho de los ciudadanos se abre paso. El derecho a que nos digan con claridad y precisión todo lo que nos tengan que decir

Un nuevo derecho de los ciudadanos se abre paso. Nuevo en el debate público, viejo en las reivindicaciones de muchos expertos en lengua y comunicación desde hace décadas. Es el derecho que tenemos todos a entender lo que nos comunican las administraciones públicas a los administrados. El derecho a que nos digan con claridad y precisión todo lo que nos tengan que decir, sea que hemos incumplido las normas de tráfico o las fiscales, sea que se nos da o se nos quita la razón en algo que hemos reclamado. ¡Que levante la mano quien no haya recibido alguna vez una notificación oficial incomprensible, llena de subordinadas, aposiciones, gerundios y latinajos que nos llevaban a interpretar unos segundos arre y otros so, una cosa y la contraria!

La británica Chrissie Maher fue una de las pioneras en la reivindicación de este derecho. Hace medio siglo, en 1971, lanzó el Tuebrook Bugle, un periódico comunitario en el que exigía a las organizaciones que usaran un inglés sencillo para comunicarse con el público, que utilizaran un lenguaje que pudiera ser entendido por el menos formado de sus posibles destinatarios. Unos años más tarde, lanza oficialmente Plain English Campaign Limited, una empresa encaminada al mismo fin, destroza ante el Parlamento británico formularios oficiales incomprensibles y, disfrazada de «Monster Gobbledygook» (algo así como el Monstruo Galimatías), entrega el primer número de Plain English en el 10 de Downing Street, la oficina del primer ministro. Le hicieron caso: el Gobierno británico comenzó a aplicar a partir de entonces técnicas de lo que hoy llamamos lenguaje claro para dirigirse a sus administrados.

Pese a algunos loables intentos hechos hasta ahora, el español del lenguaje administrativo sigue siendo en parte un incomprensible Monstruo Galimatías. Someter a los ciudadanos a algunas de sus torturas es una forma de privarlos de sus derechos. «Sin un lenguaje claro, somos más súbditos que ciudadanos», dice el jurista y exministro Juan Carlos Campo, uno de los expertos con los que hemos hablado para la elaboración del dossier especial sobre esta materia que constituye la columna vertebral del número 14 de Archiletras. No nos limitamos a contar la situación. Hacemos también una propuesta al conjunto de la sociedad: un Manifiesto elaborado, a propuesta de Archiletras, por Estrella Montolío, catedrática de la Universidad de Barcelona y una de las mayores autoridades académicas en esta materia.