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11 Sep 2019
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Reportajes

La Agencia Tributaria, difícil de entender

Ana Bulnes

El lenguaje de Hacienda tiene fama de críptico e incomprensible. ¿Es posible renovarlo sin perder rigor y precisión?

Hace unos años, el portal satírico El Mundo Today publicaba una noticia en la que decía que Hacienda había lanzado una nueva política de comunicación destinada a «desdramatizar» el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esta nueva política incluía dirigirse a los ciudadanos «en un lenguaje cercano, de tío legal», con cosas como llamarlos «colegas». O, para reclamar dinero, la frase «dame perras, crack».

Como todo lo que publica El Mundo Today, es una parodia, pero una parodia que funciona porque está muy pegada a una situación real. Las cartas (ahora notificaciones electrónicas) de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) son de las menos deseadas, no solo por su tono distante y porque casi nunca traen buenas noticias, sino también por su lenguaje poco claro. Al recibir una, tras leerla y releerla y creer comprenderla, pero no estar del todo seguro, el siguiente paso es muchas veces llamar a la asesoría.

«Nos pasa mucho», dice el asesor fiscal Antonio Llarena. «Clientes que dicen “creo que dice esto, pero quiero que lo veas”». A veces es porque la cuestión que desde la AEAT están comunicando es compleja en sí misma, pero no siempre es así. Si la redacción fuese más clara, «habría mucha gente de a pie que quizá no necesitaría una gestoría».

No entender a Hacienda es algo que una gran parte de la ciudadanía da por sentado que le va a pasar. Según una encuesta que realizó el Defensor del Pueblo en su portal en 2017, el 43,1% de los ciudadanos considera que la información recibida de la Administración en general es difícil de comprender. En concreto, el organismo lleva más de una década pidiendo a la Agencia Tributaria que clarifique su lenguaje.

En su informe de 2016 decían que «el lenguaje y la redacción utilizados en los escritos de la Administración tributaria, especialmente de la AEAT, han sido objeto de queja constante», y continuaban explicando que no comprender qué dicen estos escritos dificulta a los ciudadanos «el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el ejercicio de su derecho de defensa».

Pese a las continuas recomendaciones por parte del Defensor del Pueblo, el lenguaje de la AEAT continúa siendo oscuro e indescifrable para gran parte de la población. Desde la Administración tributaria explican a Archiletras que están «analizando» la adaptación del lenguaje que utilizan en las comunicaciones con los contribuyentes para mejorar su compresión. No obstante, añaden que se están encontrando con «cierta dificultad» para «conjugar la necesidad de utilizar un lenguaje claro y directo al mismo tiempo que se mantiene el rigor jurídico de la comunicación».

¿Más claro significa menos preciso?

Para muchos expertos, este argumento de la Agencia Tributaria, que se puede perder precisión y rigor si se intenta hacer el lenguaje más comprensible, no es válido. «Se ha ido demostrando con la práctica que cuanto más claro, más preciso», indica Claudia Poblete Olmedo, doctora en Filología y miembro de la Red de Lenguaje Claro de Chile. A veces, dice, se piensa que esto «tiene que ver con rebajar el lenguaje o bajar el nivel», pero no es así. Mariana Bozetti, asesora lingüística del Ministerio Público Fiscal argentino entre 2014 y 2017, destaca que «es necesario distinguir el lenguaje claro de la lectura fácil, destinada a personas con competencias lectoras limitadas por algún motivo».

Además, el problema no está tanto en el léxico técnico como en la sintaxis que se utiliza. Estrella Montolío, catedrática de Lengua y experta en lenguaje claro, explica que la Agencia Tributaria utiliza el estilo jurídico, un estilo «marcado por la tradición» y muy rutinario. Pone como ejemplo de redacción administrativa indescifrable las diligencias de embargo, en las que aparecen acumulados los rasgos más «patológicos e incomprensibles» del discurso jurídico. Párrafos larguísimos formados por frases larguísimas conseguidas encadenando gerundios, «normalmente antinormativos», y subordinadas. Línea tras línea, se pierden el sujeto y el significado.

Javier Badía, periodista y especialista en lenguaje administrativo, coincide. «Los ciudadanos tienen derecho a comprender los mensajes de Hacienda y no tienen por qué tener un conocimiento previo de un lenguaje técnico en asuntos fiscales o jurídicos», explica. La Agencia Tributaria utiliza un lenguaje especializado que se puede aclarar explicando «la terminología propia» y haciendo «un buen uso del español escrito». Esto implica usar «estructuras sintácticas simples, con frases cortas, y, en definitiva, una redacción bien ordenada de los párrafos, con coherencia interna, que contribuya a una exposición clara de las ideas, y sin olvidar una ortografía impecable».

A esa redacción farragosa se suma que en demasiadas ocasiones, como indicaba el informe de 2016 del Defensor del Pueblo, las comunicaciones de Hacienda «no tienen en cuenta las circunstancias concretas de sus destinatarios». Antonio Llarena cuenta que es algo que ha notado especialmente en los últimos años, con la informatización de la AEAT. «Antes, cuando llegaba un requerimiento de Hacienda, era una cosa que había redactado alguien». Podía usar unos términos y una redacción más o menos claros, pero «tenía su lógica». Ahora, además, hay «mucho corta y pega», lo que se traduce en pérdidas de coherencia. Para pedir, por ejemplo, un justificante de retenciones, muchas veces se incluye «un párrafo enorme en el que aparecen cosas que probablemente tu declaración no tenga ni vaya a tener nunca».

Formación, revisión y un enfoque profesional

Lo único claro en el lenguaje de la Agencia Tributaria es que tiene un problema. ¿Tiene solución o estamos condenados a seguir necesitando un traductor que descodifique los mensajes que nos hace llegar Hacienda? En primer lugar, hay que reconocer lo que ya se ha ido haciendo. Badía habla de la publicación del Manual de estilo del lenguaje administrativo en 1990, que «está en el origen de todo lo que se ha hecho después».

Eso que se ha hecho se basa sobre todo en la formación de los funcionarios, en actuaciones promovidas principalmente desde las administraciones autonómicas y a través de las escuelas institucionales de administración pública.

Como asesora lingüística del Ministerio Público Fiscal argentino, Bozetti se encargó entre otras cosas de introducir el lenguaje claro. Esto se hizo a través de cursos, algunos más generales y otros más específicos, que estaban «acompañados por el posterior asesoramiento en la redacción diaria». Esto último es para ella lo más importante. «Una capacitación aislada no alcanza, sirve más el trabajo posterior, la asistencia a las personas que tienen necesidades concretas de redacción en el momento en que lo requieren».

Los cursos, no obstante, no arreglan todos los modelos y plantillas que la Agencia Tributaria utiliza de forma rutinaria. Para Montolío, la revisión y «profunda renovación» de estas plantillas es incluso más urgente que la formación de los funcionarios. Para ello, habría que «auditar cuáles son los diferentes documentos que cada uno de los procesos de la Agencia Tributaria trae consigo, auditar el proceso y los textos que conlleva y revisarlos todos desde el punto de vista de la comunicación clara».

Además, es necesario recurrir a profesionales en lenguaje claro, tanto para la formación como para la renovación de documentos. «Hay una metodología», afirma Montolío, que fue una de las responsables a través de la empresa Prodigioso Volcán en introducir la comunicación clara en el Ayuntamiento de Madrid.

Esta necesidad de profesionalidad la defiende también Bozetti, que critica que muchas veces se opte por la vía rápida. Últimamente, dice, proliferan «las guías para redactar en lenguaje claro que consisten en una serie de consejos aislados, muy generales, a la manera de una receta». Estas guías suelen estar redactadas por «personas sin formación en lingüística o en discurso, y son una respuesta supuestamente rápida a la necesidad de “hacer algo”». Pero hay otra cosa clara en todo esto: el proceso no va a ser rápido.

Un compromiso a largo plazo

«Algún alumno me ha escrito después del curso diciéndome que él había empezado a aplicar en sus escritos lo aprendido, pero que su jefe le había dicho que por qué escribía tan raro», cuenta Javier Badía. Los cursos y los manuales de buenas prácticas están muy bien, pero no sirven de nada si no hay un interés real en cambiar las cosas. «Los cambios solo son eficaces cuando se toman medidas desde arriba; es decir, cuando se imponen».

Montolío está de acuerdo, y cree que lo primero es que «las autoridades de la Agencia Tributaria tomen conciencia». El movimiento debe ser «desde arriba», para que no se castigue al profesional «que se lo ha tomado en serio y no quiere escribir a los ciudadanos cosas que no se entienden».

Sin embargo, esas autoridades que deberían impulsar el cambio no parecen demasiado interesadas en algo que no va a tener resultados inmediatos. «Haría falta una mayor profesionalización en los cargos medios y altos de la administración», explica Badía, que añade que, si bien hay mucha gente «intentando cambiar las cosas», en los cargos que tienen la autoridad necesaria hay políticos a los que no les interesa el largo plazo. Para Bozetti, la búsqueda de resultados inmediatos o bien visibles es «enemiga de iniciativas como las del lenguaje claro, que necesitan tiempo y recursos —en términos de personas dedicadas al proyecto— para dar frutos».

Irregularidades fiscales por malentendidos

Cometer una irregularidad fiscal por no haber entendido bien un requerimiento o texto es tan fácil que la propia Administración lo contempla. «Para que te sancionen tiene que haber una culpabilidad, una intención de defraudar, o negligencia, un tenías que haberlo sabido», explica Llarena. «Pero muchas veces esos expedientes se saldan por interpretación razonable de la norma. Puedes apelar que no es que quisieras evadir impuestos, sino que leíste el artículo y eso es lo que has interpretado». Si esa interpretación alternativa es posible —y lo es en muchos casos, por lo que parece que la redacción no es tan precisa—, pagas lo que debes, pero no la sanción.

«Para que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones es imprescindible que las entienda», asegura Badía. Y para entenderlas no debería ser necesario acudir al paso intermedio de la asesoría, que implica tiempo y dinero.

En 2017, la AEAT contestó al Defensor del Pueblo que abordaba las tareas de hacer más comprensibles sus comunicaciones «con ocasión de la elaboración o revisión periódica de los distintos documentos», y que no era posible anticipar «medidas o cambios concretos de carácter general». El Defensor considera que esa respuesta es «evasiva». No está claro si la elección de esa palabra va con segundas.

 

Proyectos e iniciativas de lenguaje claro por el mundo

-Alemania
1966 La Sociedad de la Lengua Alemana revisa las leyes y propone cambios y correcciones. Sigue en activo, pero no hay obligación de implementar sus propuestas de edición.

-Reino Unido
1979 Campaña Plain English y premio Clarity para organizaciones gubernamentales.
1997 El Tax Rewrite Project empieza a reescribir la legislación tributaria. Duró hasta 2010.

-Estados Unidos
1978 El presidente Carter pide lenguaje claro en las disposiciones federales.
1998 Un memorándum presidencial obliga al lenguaje claro en la Administración.

-Italia
1994 Lanzamiento del proyecto Chiaro!, que estuvo activo hasta 2002.

-Francia
2001 Creación del COSLA (Comité d’Orientation pour la Simplification du Langage Administratif).

-México
2004 Lanzamiento del Programa de Lenguaje Ciudadano.
2007 Publicación del Manual de Lenguaje Claro.

-Chile
2006 Nace el programa Ley Fácil, que incluye principios del lenguaje claro.
2015 Se crea la Comisión de Lenguaje Claro en la Corte Suprema.
2017 Creación de la Red de Lenguaje Claro.

-Unión Europea
2010 Campaña Clear Writing para promover entre los trabajadores europeos el lenguaje claro al redactar documentos.

-Argentina
2018 Creación de la Red de Lenguaje Claro con instituciones de los tres poderes.

-Colombia
2015 El Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y la Presidencia de la República diseñan la Guía de lenguaje claro para servidores públicos (DNP 2015).
2018 Aprobación del proyecto de Ley de lenguaje claro.

 

Este reportaje sobre Lenguaje Claro es uno de los contenidos del número 3 de la publicación trimestral impresa Archiletras / Revista de Lengua y Letras, disponible en quioscos y librerías
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