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18 Jun 2019
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Educación

Funcionarios, maestros y voluntarios enseñan español en las cárceles

Redacción

Unos 1.500 presos participan en proyectos para aprender español, según el secretario general de Instituciones Penitenciarias

Más de 1.500 presos extranjeros (casi todos varones, excepto un centenar de mujeres)  de los alrededor de 9.000 reclusos que admiten que no saben nada o muy poco de español van a clase en las cárceles. Sus profesores, funcionarios de prisiones, voluntarios o maestros reciclan sus métodos de enseñanza con ayuda del Instituto Cervantes.

Lo hacen gracias a un convenio pionero firmado entre esta entidad e Instituciones Penitenciarias que este martes han presentado en la sede del Cervantes su director, Luis García Montero, y el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz.

Treinta alumnos reciben formación estos días y seguirán haciéndolo en noviembre para actualizar sus métodos en la enseñanza de la lengua española en los centros penitenciarios.

Ortiz ha explicado que los destinatarios de estos cursos son profesores dependientes de las comunidades autónomas que trabajan en las cárceles, funcionarios de la Administración Penitenciaria y voluntarios de entidades colaboradoras.

Estos alumnos comparten conocimientos, experiencias y prácticas y reflexionan sobre las técnicas de enseñanza del español. En noviembre evaluarán durante la metodología y analizarán posibles mejoras.

Un aprendizaje que pondrán en práctica con los reclusos que se han apuntado a las clases de español en las prisiones y que permitirán a los internos acceder a las pruebas para adquirir el diploma de esta lengua.

En su intervención, Ortiz ha destacado que esta iniciativa surgió de una llamada de García Montero. «No suele ser habitual que nos llamen para hacer proyectos dentro de las prisiones, porque no todas las actividades que hace la Administración Penitenciaria son bien entendidas por la sociedad», ha apuntado.

Esta cooperación entre ambas instituciones es heredera de otro compromiso que adquirió el Cervantes en 2010 –y que continúa en vigor– por el cual el Instituto desplaza un tribunal de examen a la prisión correspondiente en caso de que algún recluso o reclusa no hispanohablante desee examinarse para obtener el Diploma de español DELE. También se contempla si una persona en prisión quiere realizar la prueba CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España), cuya superación es necesaria para obtener la nacionalidad española por residencia en nuestro país.